Desarrollo Social

Según un articulo publicado en la red por Lewis Pérez, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática el aduce que Venezuela está urgida del diseño y ejecución de una estrategia de desarrollo social de la que, en estos momentos y desde 1974, carece. Esta estrategia de desarrollo social tiene que enmarcarse en las nuevas realidades económicas mundiales y regionales, a saber, la apertura económica, la competitividad, la productividad y la globalización.
El país requiere de una estrategia que integre como dos variables profundamente correlacionadas al desarrollo económico sustentable con el desarrollo social, sencillamente porque lo uno sin lo otro es irrealizable.
Entre 1959 y 1973, la estrategia social que acompañó a la política económica de industrialización por sustitución de importaciones, generadora de empleo sin inflación, se fundamentó en la masificación de la educación, en la construcción de una infraestructura educativa expandida en el territorio nacional, en el desarrollo infraestructural de los servicios de salud y, valga mencionar, en servicios recreativos de calidad para los trabajadores y la clase media (INCRET, Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, balnearios populares, parques, entre otros).
El resultado de esta primera etapa democrática de desarrollo económico con desarrollo social fue altamente exitoso. En efecto, entre 1959 y 1973, Venezuela tuvo el mayor crecimiento de América Latina 6% interanual, con inflación máxima del 3% al año y una clara elevación de la calidad de vida del venezolano. Logramos un grado de industrialización nunca antes visto en el país; se estableció la mayor red latinoamericana de infraestructura vial y productiva y una importante red de servicios sanitarios y educativos; se obtuvo el mayor crecimiento del sector agropecuario nacional. En esos quince años, el nivel de desarrollo social alcanzado fue cónsono con el del crecimiento económico, sin recurrir a medidas compensatorias, a pesar de haber tomado drásticas medidas de ajuste en las variables fiscales, monetarias y cambiarias en los años sesenta, tales como devaluación, reducción salarial a los empleados públicos y un permanente equilibrio fiscal y monetario.
Con el "boom" petrolero de los años setenta y ochenta, se inicia, en propiedad, la etapa rentista de la economía venezolana contemporánea. Desde entonces incurrimos en la perniciosa creencia de que el desarrollo petrolero era en sí mismo desarrollo económico y social, y pusimos a depender del mismo al resto de la economía, por lo cual la actividad económica no petrolera que representa el 80% del PIB se ha hecho mas ineficiente y, en esa medida, nos hemos sumido en una profunda crisis no sólo económica, sino fundamentalmente social.
Paradójicamente, en la medida en que hemos obtenido un mayor flujo de divisas porque exportamos más petróleo o aumentan sus precios, nuestra sociedad se ha empobrecido, situación que no es culpa del petróleo, sino de la práctica rentista gubernamental y privada.
La avalancha de petrodólares que provocó el "boom" petrolero iniciado en 1974-75 trastornó todos los esquemas de desarrollo equilibrado que caracterizó a la economía nacional, produciendo una significativa caída de su productividad y un fuerte deterioro social. El Estado venezolano dispuso de suficientes recursos monetarios que lo hicieron prescindir de la productividad ciudadana. Una importante fracción del consumo no dependió de la productividad de trabajadores y empresarios, sino que, tanto salarios como beneficios, recibieron un excedente sin contraprestación, que constituyó un subsidio al consumo, abriendo las compuertas para iniciar y exacerbar las políticas que condujeron a las actuales deformaciones estructurales de la economía y al deterioro de las condiciones de vida del venezolano.
En 1989, dado el evidente colapso del modelo rentista, se restablecieron los equilibrios macroeconómicos y se inició un proceso de reformas estructurales y coyunturales importantes.
Entre 1989 y 1992 los resultados económicos fueron positivos: el PIB creció durante 1990, 1991 y 1992: 5,3%; 9,2%; y 7,3%, respectivamente, después de una caída del 8,6% en 1989. Las exportaciones no petroleras se reavivaron; se redujo el déficit fiscal y la tasa de inflación empezó a desacelerarse después de un fuerte salto de 81% en 1989, para ubicarse entre el 36,5% y el 31% entre 1990 y 1992. Sin embargo, el plan de ajuste económico no integró una estrategia de desarrollo social, ni una estrategia política de gobernabilidad del cambio.
El plan de 1989, aunque contempló medidas compensatorias como paliativos al impacto social de los ajustes económicos, las cuales, por cierto, se mantienen hasta ahora, las mismas no fueron derivadas de una estrategia de desarrollo social, ni lo están hoy en día. Es evidente, que al tratarse de paliativos, su efectividad en cuanto a la mejoría y elevación de la calidad de vida del venezolano ha sido altamente ineficiente.
Cuando hablamos de estrategias y planes de desarrollo social, no podemos ni debemos seguir pensando solo en medidas compensatorias. De hecho, desde la década de los setenta, en Venezuela carecemos de estrategia y planes de desarrollo social, a pesar de que tanto en el VIII Plan de la Nación como ahora en la Agenda Venezuela se afirme y divulgue que son planes con gran contenido social. Los hechos demuestran lo contrario.
Yo parto de la premisa según la cual, todo plan de desarrollo económico debe tener contenido social y todo plan de desarrollo social debe tener sentido económico, porque lo social y lo económico se refuerzan mutuamente. Todo plan social debe partir de una estrategia clara de desarrollo económico que contemple como elemento medular la elevación integral de la calidad de vida de los ciudadanos.
En el mundo contemporáneo no podemos pensar en un desarrollo económico y social sostenido y sustentable, sin integrarnos competitivamente a la globalización de la economía, donde la productividad es la clave. La productividad y la competitividad marcan la diferencia entre los países desarrollados y capacitados y los atrasados e incapacitados. Por tal razón, es que el capital humano capacitado es la variable socioeconómica más importante hoy en día. Requerimos de la superación creativa de los trabajadores a todos los niveles.
El sector privado tiene la responsabilidad fundamental de la productividad, pero el Estado debe impulsar el desarrollo y mantenimiento de una economía competitiva. Debe tener como objetivo la incorporación total de la sociedad a dichos procesos, sin recurrir a políticas artificiales de pleno empleo y contemplar, como elemento fundamental, la equidad, mediante una adecuada distribución progresiva del ingreso nacional.
El acceso a los avances científicos, tecnológicos, financieros, comerciales y culturales en general, base indispensable del crecimiento económico sustentable y del desarrollo social, están al alcance de quien sea capaz de utilizar los instrumentos que los interconectan e interpretan la información que fluye a una velocidad extraordinaria. En este sentido, parte importante del contenido social de un plan de desarrollo económico le corresponde al Estado, creando las infraestructuras tecnológicas y formativas de la sociedad para que todos los ciudadanos logren esa capacitación, base de su elevación de calidad de vida.
Los últimos gobiernos se han preocupado en aliviar las consecuencias sociales de los ajustes económicos. Ahora debemos ir hacia una estrategia nacional de desarrollo social, que al tiempo que proteja a los más pobres, desarrolle las capacidades de la población en general, para que su bienestar sea sustentable.
Una estrategia de esta naturaleza deberá tener dos objetivos básicos:
Asegurar la protección de los grupos más vulnerables de la población.
Promover el desarrollo de las capacidades humanas invirtiendo en educación y salud, a partir de criterios modernos y audaces.
El Estado no puede eludir la responsabilidad de proteger a grupos particularmente vulnerables de la población durante los procesos de ajuste y desarrollo de la economía, pero no con "paliativos", sino estableciendo una red de seguridad integral para las personas que puedan padecer de los efectos de dichos ajustes hoy y de eventuales fluctuaciones económicas adversas, mañana.
La inserción social de la población venezolana como productora y consumidora en una economía en expansión, nos exige desarrollar actividades productivas que nos integren al mercado mundial, realidad que nos reclama formar la mano de obra necesaria para estos procesos, lo cual requiere de masivas inversiones en educación, salud y servicios sociales en general, que signifiquen una sólida base para elevar la calidad de vida.
Sólo reconociendo que la política social es en sí tan económica como la política económica, y viceversa, es que podemos generar un crecimiento social y económico sustentable y es lo que nos permitirá alcanzar el objetivo medular de las reformas estructurales y desarrollo de la economía: integrar a los pobres al desarrollo económico para mejorar sus condiciones sociales.
Sólo en el marco de una economía en crecimiento, con productividad y salarios en aumento y servicios sociales mejorados, una gran porción de los pobres logrará escapar de la pobreza. Pero ello nos exige un nuevo ordenamiento institucional del sistema de prestación de los servicios sociales, de forma que permita aumentar la eficiencia de su producción y focalizar los recursos disponibles.
Debemos crear y mantener un marco macroeconómico estable que estimule la inversión en capital social y mejor calidad de vida. Debemos modificar el actual sistema presupuestario basado en derechos burocráticos históricamente adquiridos, por uno basado en asignaciones presupuestarias determinadas por los servicios requeridos y prestados, para lograr mayor eficiencia del gasto fiscal. Ello implica la voluntad de reestructurar el gasto público.
Debemos impulsar la descentralización de responsabilidades y autoridad del Estado hacia los gobiernos regionales y municipales, como mecanismo para resolver los problemas cerca de la gente, pero cuidando que las burocracias locales no sean más depredadoras que la burocracia centralizada. Ello requiere de la comunidad, una mayor presencia, participación y contribución al financiamiento en las acciones de sus gobiernos locales.